Desde la reforma que se hizo en el año 2016, pasando por el Decreto 2685 de 1999, y posteriormente el Decreto Ley 920 de 2023, el derecho aduanero colombiano ha tenido una dinámica en la producción de legislación, que no se había conocido antes, pues en siete años han existido por lo menos cuatro reformas profundas en este campo del derecho.
Ello sin duda, es reflejo de la dinámica del comercio internacional, que como la mayoría de los campos de la vida, ha sentido como los avances de la tecnología son cada vez mayores, tanto en el aspecto conceptual como en el operativo del derecho. En este sentido, tanto el derecho aduanero como la labor que realizan las aduanas, requieren ponerse a tono con la realidad que los circunda, en un campo que a nivel mundial es considerado como uno de los pilares de la actividad económica: el comercio internacional Y a pesar de los avances tecnológicos, varios de los retos son los mismos de antaño: lograr que de manera eficiente, la administración actúe de manera que los particulares pueden aportar al crecimiento económico, pero siempre salvaguardando que tanto en las transacciones de bienes y servicios, se cumplan las obligaciones previstas en la normativa vigente, y sin renunciar a las labores de vigilancia y control que le competen como Estado.
Precisamente este libro, da cuenta de dos grandes instrumentos con los que hoy cuenta la normativa aduanera: de una parte, el aspecto sustantivo que esencialmente se encuentra contenido en el Decreto 1165 de 2019, con todas sus reformas y el régimen sancionatorio aduanero colombiano, que se expide de manera forzada con base en la decisión tomada por la Corte Constitucional en la sentencia C-441/21, en donde determinó que, en lo que hace referencia a asuntos sancionatorios, estos no pueden expedirse por el ejecutivo, al ser una temática restringida para pronunciamientos por parte del ejecutivo.