Esta obra recoge en profundidad dos problemas relacionados entre sí y que impactan la teoría de las obligaciones, muy especialmente la de los profesionales de la salud y la prueba de su responsabilidad.
En efecto, apoyado en la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, el Consejo de Estado, a partir de 1992, instauró un régimen general de presunción de culpa contra los médicos que laboraban para el Estado.